En las diligencias previas que se instruyen por la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, por los fallecidos por la DANA del 29 de octubre de 2024 se está dando una circunstancia bastante curiosa, que puede que se parezca mucho a lo que hemos visto en tantas películas. Y todo porque al ex President de la Generalitat, Carlos Mazón, nadie lo está investigando. Al menos formalmente, porque nunca ha adquirido esa condición de investigado que, por mantener el acta de diputado autonómico, solo adquiriría ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero la jueza sí que está indagando sobre todo lo que hay alrededor de Mazón: desde la disposición de la sala del restaurante donde comió con la periodista Maribel Vilaplana, a quien citó como testigo, hasta sus conversaciones por WhatsApp con Alberto Núñez Feijóo, pasando por la declaración como testigo del propio presidente popular, como igualmente ha citado a testificar al chófer y a los escoltas del ex President, al dueño del restaurante El Ventorro, o averiguando las horas y salidas del vehículo de Vilaplana de un parking de Valencia, entre otras diligencias. En una palabra, que para no estar investigando a Mazón, la verdad es que la cosa suena precisamente a eso…
Como ya comenté en otro artículo, todo indica a que la jueza apunta a Mazón, pero consciente de que no puede apretar el gatillo por la condición de aforado de Mazón, la titular del juzgado de Catarroja pretende preparar concienzuda y lo más detalladamente posible el escrito que en su momento dirigirá al TSJ valenciano elevándole la causa y considerando que debe investigar formalmente a Mazón. O lo que es lo mismo: tomarle declaración con información de sus derechos asistido de abogado, que es lo único que va a dejar pendiente.
La jueza Ruiz Tobarra está, por tanto, inmersa en recopilar la información “periférica” pertinente, y desde un punto de vista técnico-procesal, y expresando simplemente mi opinión, la jueza está con ello llevando al extremo, si no quizá algo más allá, su labor instructora respecto a Carlos Mazón. Pero en todo caso, la crítica y hasta la sanción de nulidad, si así resultara, de cualquiera de estas diligencias de instrucción procedería cuando y si alguien las recurriera y lo estimara así el tribunal superior correspondiente, en este caso, y hasta el momento, la Audiencia Provincial de Valencia, que, por cierto, ha venido avalando la línea general de actuación de la jueza de Catarroja. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, Mazón no puede oponerse a las decisiones de esa jueza que, realmente, le están afectando, justamente por no ser parte en el proceso al haber rechazado la posibilidad de serlo y tener que conformarse con saber por la prensa que sí pero no lo están investigando aun cuando formalmente carezca de la condición de investigado. Es más: cualquiera de los dos investigados formales que sí lo son actualmente carece en principio de legitimidad para contradecir esas diligencias que afectan a un tercero. Y aún más: incluso puede que esas diligencias interesen a sus líneas de defensa respectivas si de ellas se llega a derivar algún tipo de responsabilidad ajena que haga desaparecer o reduzca las que se les imputan en principio a ellos.
La estrategia, por tanto, de los tres monos sabios (no oigo, no veo, no hablo) adoptada así respecto a la causa judicial por parte de Mazón no puede ser, por tanto y hasta ahora, más torpe. Porque sin estar presente en aquella, el ex President es todo un investigado virtual que no puede decir ni pío ante las diligencias que se dirigen frente a él de un modo obvio. Y sí, claro que en su momento, si llega a ser investigado formalmente por el TSJ, podrá oponerse Mazón a todo lo practicado judicialmente respecto a su persona y actuación, pero la cuestión es que, más allá de la perspectiva jurídico-procesal, que es la que a la jueza corresponde, lo que se está acreditando a través de las diligencias de instrucción es justamente toda esa información que los ciudadanos debiéramos haber conocido directamente de quien tenía el 29 de octubre de 2024 el primer cargo público de la Comunidad Valenciana, un cargo cuyo sueldo pagan todos los valencianos, y que debió haber trasladado con total transparencia y, sobre todo, sinceridad, a la ciudadanía a la que se debía.
Porque lo cierto es que -no lo descarten- puede que ningún juez o tribunal encuentre elementos suficientes para condenar por nada punible a Mazón. Pero de esa labor indagatoria que ahora mismo se está llevando a cabo, y aun con el respeto a los derechos de quien no es parte en el proceso penal, estamos pudiendo ver con qué descaro e indignidad se nos ocultó la verdad, se nos mintió descaradamente, y hasta se desvió la atención interesadamente, algo que por sí mismo, efectivamente, no implica responsabilidad penal. Pero algo que, sin embargo, sí debiera jugar en el nivel de la ética pública y la responsabilidad política de quien no solo ha sido un mal gestor sino el cuentista de las mil versiones según el día. Esa ética y responsabilidad que tanto cuesta que asuman los cargos públicos de este país.
Por esto, entenderán ustedes que, pase lo que pase con el procedimiento judicial en marcha, va a ser complicado eso de que el jurado no tenga en cuenta todo lo que ha visto y oído en la sala, bien porque no pueda castigarse, bien porque no sea suficiente para incriminar a nadie. Porque sí bastará para demostrar la desvergüenza que encierra tanta mentira. Y hay penas que cuestan más de soportar que las de una condena penal. Aunque para eso hay que tener algo de dignidad.
