El precedente es evidente. Así empezó todo. No con una ruptura de un día para otro, sino con una acumulación de decisiones en las que se fue instalando una idea peligrosa: que las leyes pueden interpretarse según convenga, que las sentencias pueden esquivarse, que el cumplimiento puede ser selectivo. Que, en definitiva, si una norma no gusta, se puede bordear o directamente ignorar.
Aquella dinámica acabó donde todos sabemos: en el choque institucional, en la fractura social y en un procés que desgastó a Cataluña durante años. No hace falta repetir la historia para reconocer sus primeros síntomas.
Porque lo que se está planteando ahora es, en esencia, lo mismo, pero en versión más cómoda: no desobedecer abiertamente, sino convertir la desobediencia en una cuestión económica. Pagar y ya está. Como si la ley fuera una tasa. Como si el cumplimiento fuera opcional para quien pueda permitirse la multa.
Y no, no funciona así.
Una institución pública no puede decidir qué sentencias acata y cuáles no. No puede convertir el ordenamiento jurídico en una carta a la que acudir según convenga. No puede enviar el mensaje de que la legalidad es negociable. Porque si lo hace, no solo se desacredita a sí misma: desacredita todo el sistema.
Además, hay una cuestión de responsabilidad política que no se puede obviar. Cataluña no necesita volver a tensiones artificiales ni a gestos de confrontación estériles. No necesita más simbolismo vacío ni más desafíos de cara a la galería. Necesita estabilidad, rigor institucional y respeto por las reglas del juego.
Y, sobre todo, necesita evitar errores que ya han demostrado sus consecuencias.
La tentación de algunos sectores de mantener una cierta “chulería institucional” —disfrazada de dignidad o de coherencia política— es comprensible desde el punto de vista partidista, pero profundamente irresponsable desde el punto de vista institucional. Porque jugar con los límites de la ley nunca sale gratis, aunque se pague una multa.
El problema no es la bandera. Nunca lo ha sido. El problema es el mensaje de fondo: que una institución puede situarse por encima de una resolución judicial si considera que le perjudica políticamente.
Ese es el verdadero riesgo. Y ese es el error que no se puede repetir.
Cataluña ya vivió las consecuencias de tensar las costuras del sistema hasta el límite. Volver a recorrer ese camino, aunque sea en pequeños pasos, sería un ejercicio de irresponsabilidad colectiva.
Porque las leyes pueden gustar más o menos. Las sentencias pueden compartirse o no. Pero en democracia hay una línea que no se puede cruzar: la de decidir que cumplirlas es opcional.
Y esa línea, una vez se empieza a pisar, es muy difícil de volver a trazar.
