El documento, de 62 páginas, establece las bases de un ejecutivo de coalición que ambas formaciones presentan como un gobierno "estable y responsable", sustentado en la libertad económica, la unidad de España y el fortalecimiento de los servicios públicos. El acuerdo subraya la voluntad de ambas fuerzas de mantener la estabilidad durante toda la legislatura y aprobar presupuestos anuales entre 2027 y 2030.
Menos impuestos y más apoyo a familias y autónomos
Uno de los pilares del pacto es la reducción progresiva de la presión fiscal. Entre las medidas destacan una rebaja acumulada de un punto en el tramo autonómico del IRPF, mayores deducciones por nacimiento o adopción de hijos y nuevos incentivos fiscales vinculados al deporte y los hábitos saludables.
Asimismo, el acuerdo contempla un ambicioso paquete de ayudas para autónomos, incluyendo una cuota cero durante los dos primeros años de actividad, bonos de apoyo económico para emprendedores y ayudas para el relevo generacional de negocios.
El medio rural, gran protagonista
El pacto dedica una parte muy importante de sus compromisos al mundo rural. Entre las medidas más llamativas figura la implantación de "impuestos cero" para la compra de primera vivienda, locales de negocio y explotaciones agrarias prioritarias en municipios de menos de 20.000 habitantes. También se refuerzan las deducciones fiscales para familias que residan en zonas rurales y se amplían las ayudas para agricultores y ganaderos.
PP y Vox defienden además una posición de confrontación con determinadas políticas europeas, mostrando su rechazo a medidas derivadas del Pacto Verde cuando consideren que perjudican al sector primario, así como al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Infraestructuras y energía
El acuerdo reclama al Gobierno central la ejecución de numerosas infraestructuras pendientes, entre ellas las autovías A-11, A-60 o A-73, así como mejoras ferroviarias ligadas al Corredor Atlántico, la reapertura de líneas cerradas y nuevas inversiones en transporte y logística.
En materia energética, el futuro ejecutivo apuesta por la biomasa, el autoconsumo industrial y el refuerzo de las redes eléctricas, al tiempo que plantea limitar la implantación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos en terrenos productivos o de alto valor natural.
Financiación autonómica y rechazo a privilegios territoriales
Otro de los puntos destacados del pacto es la oposición frontal a cualquier sistema de financiación que, según los firmantes, genere "territorios de primera y de segunda". El documento rechaza expresamente la condonación de deuda a comunidades autónomas derivada de acuerdos políticos y reclama igualdad de trato para todos los españoles.
Un acuerdo con fuerte carga ideológica
Más allá de las medidas económicas y territoriales, el texto incorpora compromisos relacionados con inmigración, natalidad, libertad educativa, protección frente al "adoctrinamiento", defensa de la caza y apoyo a la ganadería extensiva e intensiva. Todo ello configura un programa claramente alineado con las prioridades políticas de ambas formaciones.
Con este pacto, Castilla y León vuelve a convertirse en el principal laboratorio político de la colaboración entre PP y Vox. El acuerdo pretende ofrecer estabilidad institucional durante los próximos cuatro años y podría servir como referencia para futuros entendimientos entre ambas formaciones en otras comunidades autónomas o incluso a nivel nacional.
