La gestación subrogada, con su complejidad y los debates que suscita, no debería ser el campo de batalla de una disputa cultural donde los menores –verdaderos protagonistas de estas historias– se vean relegados a un papel secundario. ¿Acaso nos acerca a una sociedad más justa el imponer más trabas a quienes ya han recorrido un camino largo, emocionalmente arduo y legalmente delicado para construir una familia?
Se nos presenta esta medida como un triunfo del feminismo, una defensa de los derechos de la mujer. Sin embargo, en este proceso, se ha soslayado el derecho fundamental de los españoles –ciudadanos de pleno derecho– a tener hijos, a inscribirlos, a convivir con ellos y a brindarles estabilidad desde el comienzo. Se ha optado por un castigo generalizado, en lugar de fomentar un debate sereno, legislativo y social sobre una realidad que ya es un hecho.
En vez de modernizar nuestro marco legal o establecer mecanismos éticos que salvaguarden los intereses de todas las partes involucradas, se elige la vía más sencilla: prohibir. Se cierran registros, se suspenden trámites, se genera incertidumbre en innumerables familias. El mensaje subyacente es claro: el Estado desconfía de sus ciudadanos. Se presupone que estos no saben lo que hacen, mientras que el Estado sí. Por consiguiente, el Estado tomará las decisiones por ellos.
Cada vez con mayor frecuencia, ciertos políticos parecen confundir gobernar con imponer. Se observa una falta de escucha, una ausencia de matices, y predominan las decisiones unilaterales. Esta nueva normativa no solo complica vidas, sino que también transmite un mensaje inquietante: las decisiones personales deben someterse al escrutinio de la ideología dominante. Y eso dista mucho de ser libertad.
España necesita una política que celebre la diversidad de modelos familiares y que no penalice a quienes eligen alternativas a los esquemas tradicionales. Lo contrario implica un retroceso, legislar desde el prejuicio y, fundamentalmente, dejar de confiar en los ciudadanos.
