Esta incluye la promoción de la actividad física y deportiva, regulará las entidades deportivas catalanas, el estatuto del deportista, competiciones deportivas y licencias, inspección deportiva y de la actividad física i régimen sancionador. Se ha incluido un capítulo que se puede considerar, a priori, una novedad, pero tiene trampa. Nos referimos al Título 7 sobre la resolución de conflictos y el Tribunal Catalán del Deporte.
Hay que decir que la Generalidad ha abierto un proceso participativo que, en lugar de servir para corregir deficiencias, parece estar siendo instrumentalizado para consolidar el poder de las cúpulas federativas. La propuesta que ha presentado la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), liderada por Gerard Esteva, es el ejemplo más claro de ello. Esteva es un personaje poliédrico. Licenciado en Derecho, violinista, gestor musical, ex presidente de la Federación Catalana de Vela, presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya y miembro del Comité Olímpico Catalán.
Pues bien, bajo la excusa de la autonomía, se plantea una desregulación que elimina contrapesos. La propuesta de Esteva es un manual de cómo eludir la supervisión pública. Deja en manos de las propias federaciones la regulación de sus procesos electorales, sin que estos deban ser validados por la administración. Además, pretende que las decisiones de las juntas electorales no puedan ser impugnadas en la vía administrativa, forzando a los clubes a recurrir a los lentos y costosos tribunales ordinarios.
Y esto queda reflejado en el Título 7 del que hemos hablado, que en el fondo es la propuesta de Gerard Esteva. Esto significa que toda discrepancia, incluso escándalos electorales y fraudes, deben recurrirse delante del Tribunal Catalán del Deporte. Dicho de otra manera, según la nueva ley, los procesos electorales son una cuestión privada interna de las federaciones que han de regular sus estatutos y si se quiere impugnar se tendrá que ir directamente a los juzgados. Al Tribunal Catalán del Deporte le dejan solo competencias en el ámbito disciplinario, en materia de competición. Todo lo que dependa de elecciones, a los juzgados.
Al respecto, Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España, le mandó una carta al Síndic de Greugues, el Defensor del Pueblo catalán, en la cual ponía en su conocimiento las irregularidades cometidas por Soteras y los suyos en la falsificación de firmas y en el escrutinio de los votos. Todo ello para perpetuarse en el cargo y no permitir que Juanjo Isern fuera proclamado presidente de la Federación Catalana de Fútbol. El pasado 30 de julio le mandó una carta a Carme Bastida, directora del Consell Català de l’Esport, en la cual le comentaba los mismo que al Sindic de Greugues, y añadía lo siguiente…
“Asimismo, le solicito que vigile especialmente las actuaciones del señor Abel García, Secretario General del Esport, ya que sospechamos que ha podido aliarse con Calle de la FCF y está paralizando tanto mi denuncia como la del ex-secretario de la FCF, señor Oriol Camacho, intentando que ambas queden diluidas y archivadas. Y este punto es importante, porque no solo implica al Departamento de Deportes, que dirige Berni Álvarez Merino, teniendo a Abel García como secretario, sino a la propia Generalidad de Cataluña y, por derivada, a la nueva ley del deporte que se quiere aprobar”.
En este orden de cosas, y siguiendo con lo que acabamos de decir, la figura de Abel García se vuelve oscura. No es solo que el Secretario General del Deporte mire hacia otro lado, sino que es el responsable político directo del Tribunal Català de l’Esport (TCE), el organismo que debería haber actuado con contundencia contra Soteras. Tampoco ha actuado teniendo en cuenta que, en su momento, la Generalidad de Cataluña solicitó el aplanamiento en la demanda del TSJC. Tampoco García a tenido en cuenta al gabinete jurídico de la Generalidad de Cataluña, que había exigido el cese inmediato y la posterior inhabilitación de los actuales directivos por infracción a los estatutos de la Federación y de la Ley del Deporte. Y se considera que la sentencia del TSJC presuntamente ha estado politizada.
Por todo esto el Síndic de Greuges de Catalunya ha abierto una investigación por la inacción del TCE y ha instado a que se abra un expediente disciplinario contra Joan Soteras, dejando en evidencia la pasividad del responsable político. Esta investigación es gracias a la información facilitada por Miguel Galán.
Y lo más grave no es que Abel García Mire hacia otro lado. Sino que el Título 7, supuestamente ha sido redactado por Gerard Esteva, aprobado por el Departamento de Deportes de la Generalidad, con el beneplácito de Álvarez y García, y con la propuesta de suprimir las vías administrativas, se blinda que Soteras y los otros miembros de la Federación Catalana de Fútbol nunca más puedan ser investigados por un órgano público. Este regalo al actual equipo directivo cabe suponer que está vinculado a alguna prebenda, como apunta Galán.
Esta parálisis de la Generalitat y la nueva ley, ambos aspectos bajo la batuta del gobierno presidido por Salvador Illa, por lo que respecta al caso de todas las presuntas irregularidades electorales de la Federación Catalana de Fútbol, aviva las sospechas de un pacto de hierro que evita depurar responsabilidades. En definitiva, esta nueva Ley del Deporte y la Actividad Física en Cataluña no es un paso hacia la modernización del deporte, sino una medida de presión de la actual cúpula del deporte catalán, léase Soteras, Calle, Esteva, para perpetuarse en el poder sin ningún tipo de control. De salir adelante, sin la modificación del Título 7, podemos asegurar que ya no habrá democracia en las instituciones federativas del fútbol catalán, ni tampoco escándalos judiciales. Quizás es lo que quieren.
