La sentencia del TJUE deja en manos del Supremo y del Constitucional la vuelta de Puigdemont

La esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía supone un importante respaldo a la norma aprobada por las Cortes Generales, pero no resuelve de forma automática el futuro judicial de Carles Puigdemont. Lejos de cerrar definitivamente el debate, la resolución desplaza ahora el foco hacia los tribunales españoles.

Carles Puigdemont
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El fallo europeo considera, en términos generales, que la Ley de Amnistía no es incompatible con el Derecho de la Unión Europea, despejando así una de las principales dudas jurídicas que rodeaban la norma. Sin embargo, el TJUE no ordena la aplicación de la amnistía a los procedimientos concretos ni decreta el levantamiento de las medidas cautelares que afectan al expresidente de la Generalitat.

A partir de este momento, será el Tribunal Supremo quien deba determinar si modifica o mantiene su criterio respecto a la aplicación de la amnistía en el caso de Puigdemont, especialmente en relación con el delito de malversación. Paralelamente, el Tribunal Constitucional continúa tramitando los recursos presentados contra la ley y su futura resolución también será determinante para fijar el alcance definitivo de la norma.

En consecuencia, la posibilidad de que Carles Puigdemont regrese a Cataluña sin riesgo de ser detenido continúa dependiendo de las decisiones que adopten los máximos órganos judiciales españoles. El aval del TJUE elimina un importante obstáculo desde la perspectiva del Derecho europeo, pero no pone fin al recorrido judicial del caso.

La sentencia abre una nueva fase en un proceso que lleva años marcando la política española. Mientras el Gobierno defenderá el fallo como una validación de la Ley de Amnistía, sus detractores sostendrán que todavía corresponde a la Justicia española resolver los aspectos esenciales de su aplicación práctica.

Así, el debate político probablemente continuará durante los próximos meses, mientras el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional toman decisiones que pueden resultar decisivas tanto para el futuro judicial de Puigdemont como para el desarrollo de la legislatura.

En definitiva, yendo muy rápido, hasta otoño no conoceremos las decisiones de los dos grandes tribunales españoles y, por tanto, Carles Puigdemont no volverá a España hasta que no deje de existir riesgo de ser apresado y conducido a las dependencias del Supremo. Al menos eso es lo que le ha recomendado su abogado y su círculo más inmediato.