Lo mejor que dejó el Estatut
1. Modernizó el autogobierno catalán
El texto adaptó las instituciones catalanas a una realidad muy distinta de la de 1979. Reforzó competencias en ámbitos como servicios sociales, vivienda, medio ambiente, protección civil, cultura, consumo o administración local. También consolidó organismos propios como el Síndic de Greuges o el Consell de Garanties Estatutàries.
2. Mejoró el reconocimiento institucional de Cataluña
Aunque la referencia a Cataluña como "nación" quedó limitada al preámbulo y sin efectos jurídicos tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estatut supuso un reconocimiento político de la singularidad catalana que contó inicialmente con un amplísimo consenso parlamentario. Una forma de decir “sois distintos pero no tanto”, en suma,
3. Introdujo un modelo más ambicioso de financiación
Muchas de las actuales negociaciones sobre financiación singular, inversiones o gestión tributaria tienen su origen en el Estatut de 2006. Sin él sería difícil entender debates actuales como el Consorcio Tributario o la reclamación de mayores competencias fiscales. Y, como todos sabemos a estas alturas, el conflicto económico sigue latente y las diferencias de enfoque económico con el resto de las autonomías, también.
4. Blindó derechos sociales
El Estatut incorporó derechos relacionados con la vivienda, la dependencia, la igualdad, el medio ambiente o la protección de los consumidores, adelantándose en algunos aspectos a reformas posteriores. Unos derechos que siguen imperando pero, por ejemplo en casos como la vivienda, no se han visto desarrollados desde Catalunya de forma efectiva.
Lo peor que dejó
1. Un enorme choque de expectativas
Quizá el principal error fue político. En Cataluña se presentó como un nuevo pacto territorial casi definitivo; en buena parte de España se interpretó como un privilegio. Ambas expectativas resultaron incompatibles. El presidente español de entonces, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, prometió “aprobar todo lo que presenten los catalanes en el Congreso” y, al final, aprobó lo justito para no contentar a nadie.
2. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010
Tras el choque de esa aprobación con la mayoría de los partidos políticos en la oposición, de comunidades autonómicas y de “fuerzas vivas”, y tras cuatro años de deliberaciones, el Constitucional anuló 14 artículos e interpretó otros 27, afectando especialmente a lengua, justicia y financiación. Jurídicamente el Estatut siguió vigente en su inmensa mayoría, pero políticamente muchos ciudadanos percibieron que se había alterado un texto aprobado por el Parlament, las Cortes y refrendado por los catalanes.
3. El combustible del procés
Existe un consenso bastante amplio entre politólogos e historiadores en que la sentencia no creó el independentismo, pero sí aceleró enormemente su crecimiento. Bueno, la sentencia y la aprobación recortada del mismo por parte del Psoe en Madrid. La manifestación del 10 de julio de 2010 marcó un punto de inflexión que desembocaría años después en el procés.
4. Muchas previsiones nunca llegaron a desarrollarse
Veinte años después siguen pendientes aspectos relevantes relacionados con financiación, inversiones, infraestructuras o determinadas competencias. El propio aniversario ha reabierto el debate sobre Rodalies (semi traspasado ahora con la creación de una empresa conjunta estado español y Generalitat) y el sistema de financiación autonómica porque parte del desarrollo estatutario quedó incompleto.
Los errores compartidos
Mirando con perspectiva, resulta difícil atribuir el fracaso únicamente a una parte, que aquí resumimos:
- El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero generó unas expectativas muy elevadas con su promesa de aceptar el texto salido del Parlament.
- El Partido Popular optó por recurrir buena parte del Estatut ante el Tribunal Constitucional.
- El propio Tribunal Constitucional tardó casi cuatro años en dictar sentencia, alimentando la sensación de inseguridad jurídica.
- Los gobiernos posteriores tampoco desarrollaron plenamente buena parte del texto.
Manifestación pro Estatut de Catalunya
¿Fue un éxito o un fracaso?
La respuesta depende del plano desde el que se observe.
Desde el punto de vista jurídico, fue un éxito parcial: la inmensa mayoría del Estatut continúa vigente y ha servido para ampliar el autogobierno.
Desde el punto de vista institucional, dejó avances importantes que hoy se consideran normales.
Desde el punto de vista político, probablemente constituye uno de los mayores fracasos del modelo territorial español. Nació para cerrar el debate territorial y acabó abriendo una década de confrontación institucional que culminó en 2017 y cuyos efectos aún siguen presentes.
Una reflexión final
Veinte años después, el Estatut representa una paradoja. Fue concebido para fortalecer el encaje de Cataluña en España y terminó convirtiéndose en el símbolo de la ruptura de la confianza entre una parte importante de la sociedad catalana y las instituciones del Estado. Al mismo tiempo, buena parte de sus instrumentos siguen siendo hoy la base sobre la que se negocian cuestiones como la financiación, las inversiones o el traspaso de competencias.
Quizá esa sea la principal lección de estas dos décadas: los textos jurídicos pueden ordenar las competencias, pero difícilmente sustituyen al acuerdo político. Cuando ese consenso desaparece, incluso un Estatuto aprobado por los parlamentos y refrendado en las urnas puede acabar siendo recordado más por el conflicto que generó que por las soluciones que pretendía ofrecer.