España bate récords: más de 3,2 millones de cotizantes extranjeros

España alcanzó en abril de 2026 un nuevo máximo histórico de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, con una media de 3.248.247 cotizantes, según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y recogidos por la agencia Servimedia. El aumento fue de 96.684 afiliados respecto a marzo (+3,07%) y de 250.939 en comparación con abril de 2025 (+8,4%).

El dato tiene especial relevancia porque los trabajadores extranjeros representan ya el 14,7% del total de afiliados del sistema, una proporción inédita en el mercado laboral español. La serie desestacionalizada —que elimina efectos de calendario y campañas— también marcó récord, con 3,23 millones de ocupados extranjeros.

En paralelo, la afiliación total media a la Seguridad Social en España se situó alrededor de los 22,1 millones de cotizantes, lo que implica que aproximadamente 18,8 millones son trabajadores españoles. Esto refleja que el crecimiento del empleo en los últimos años depende de forma creciente de la inmigración laboral.

Por nacionalidades, destacan:

  • Marruecos: 404.402 afiliados
  • Rumanía: 346.719
  • Colombia: 275.695
  • Venezuela: 224.428

El significado económico y demográfico del dato es profundo. España afronta un progresivo envejecimiento de la población y una menor incorporación de trabajadores nacionales al mercado laboral. La inmigración se ha convertido así en un factor esencial para sostener el crecimiento económico, mantener la recaudación de cotizaciones y soportar el sistema público de pensiones. Además, por abastecer de trabajadores a sectores con alta demanda de mano de obra como hostelería, construcción, agricultura, logística, cuidados y tecnología.

Este nuevo récord desmonta parcialmente la idea de que la inmigración tiene un papel marginal en el empleo: hoy es uno de los principales motores del aumento de afiliación en España. Sin este aporte, el crecimiento del número total de cotizantes sería considerablemente menor y la presión sobre el sistema de pensiones sería más elevada.

El dato también evidencia un cambio estructural: España ha pasado de ser un país emisor de trabajadores a consolidarse como una de las principales economías receptoras de inmigración laboral de Europa.