El mensaje oficial, dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), busca no alarmar a la población, sino «hacer ver la necesidad real de actuar» antes de que se produzca un incidente de gran magnitud en una infraestructura que embalsa millones de metros cúbicos de agua.
Estado actual: entre récords de lluvia y presiones acumuladas
Tras un invierno marcado por precipitaciones persistentes —que han provocado evacuaciones preventivas de embalses como en Zalamea de la Serena debido a la continuidad de las lluvias— los ingenieros recuerdan que numerosas infraestructuras están cerca de sus límites operativos.
Según datos manejados por la asociación profesional, de las cerca de 2.453 presas en explotación en España —unas 1.300 de ellas consideradas grandes presas—, 375 son de titularidad estatal, y buena parte de estas evidencian carencias estructurales o de mantenimiento que hoy son más evidentes a causa de los aportes extraordinarios de agua.
En octubre de 2025 ya se lanzó un manifiesto alertando de esta situación:
- Un 30 % de las presas estatales necesita refuerzos estructurales.
- Un 50 % requiere rehabilitación de los desagües de fondo.
- Un 65 % necesita modernizar sus sistemas de auscultación (sensores y controles).
- Y un 75 % debería someterse a estudios complementarios de seguridad.
Para los expertos, estos porcentajes hablan de una acumulación de déficits que no pueden ignorarse en un escenario de emergencia climática.
El Estado, «juez y parte», según los ingenieros
Una de las críticas más potentes del sector es la aparente paradoja en la gestión de estas infraestructuras: el Estado es al mismo tiempo titular de cientos de presas y responsable de supervisar su seguridad, lo que para algunos profesionales genera “una situación de juez y parte”.
«Si fallan las infraestructuras que son de nuestra responsabilidad, ¿cómo podemos exigir a otras administraciones que hagan lo propio con las suyas?»
«Si fallan las infraestructuras que son de nuestra responsabilidad, ¿cómo podemos exigir a otras administraciones que hagan lo propio con las suyas?», se preguntan desde la Asociación. Este enfoque, argumentan, ha llevado a que numerosas presas funcionen sin los planes de emergencia totalmente implantados y con recursos humanos y técnicos insuficientes.
¿Riesgos reales o alarmismo?
A pesar de que los ingenieros insisten en que no existe un riesgo inminente de ruptura, la falta de mantenimiento y la presión acumulada por la lluvia sí elevan la probabilidad de fallos localizados o de incidentes secundarios que podrían desencadenar situaciones de peligro para las poblaciones aguas abajo.
Además, expertos del sector recuerdan que la gestión del agua en España se ha visto condicionada en las últimas décadas por decisiones políticas y prioridades ambientales que en ocasiones han relegado la conservación estructural frente a otros objetivos.
Claves para entender el debate
Emergencia climática: Las previsiones climáticas apuntan a episodios cada vez más extremos que ponen a prueba infraestructuras diseñadas hace décadas.
Mantenimiento histórico insuficiente: El déficit acumulado en conservación y control técnico es un factor de fragilidad.
Política y planificación: La falta de un plan continuado a largo plazo se percibe como una debilidad estructural.
Prevención versus reacción: Para los ingenieros, actuar ahora es esencial para no lamentar consecuencias evitables en el futuro.
Por el momento ya tenemos el aviso de los ingenieros y técnicos. Ahora veremos si el Gobierno de España va a hacerles caso o van a escucharles “tanto” como hicieron en su momento con los problemas de la red ferroviaria desde Adif, Renfe o el Ministerio de Transporte.
