Según detalla Castro, la formación se personó en sede judicial para solicitar medidas cautelares de aseguramiento de la prueba, con el objetivo de garantizar el acceso a la denominada “zona cero” del accidente y evitar la posible desaparición o alteración de elementos esenciales para la investigación. Un día después, el miércoles, VOX presentó una querella criminal contra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y contra el actual presidente del organismo.
Desde VOX consideran que los hechos no responden a un fallo aislado, sino a una cadena de negligencias graves derivadas de la falta de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Para Castro, la responsabilidad se sitúa en el Ministerio de Transportes y en la dirección de ADIF, señalando directamente al ministro Óscar Puente y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“Acudimos al Juzgado de Montoro para actualizar la información, conocer de primera mano el estado de las actuaciones y continuar impulsando este procedimiento judicial con un único objetivo: depurar todas las responsabilidades penales que correspondan, caiga quien caiga”, explica Castro.
La coordinadora nacional jurídica de la formación subraya que VOX no va a permitir que este accidente quede impune ni que se intente desplazar la responsabilidad hacia niveles técnicos intermedios, cuando, a su juicio, las decisiones políticas y la falta de inversión y mantenimiento dependían directamente del Gobierno central.
Desde VOX insisten en que llegarán hasta el final para que se esclarezcan los hechos, se garante la conservación de las pruebas y se exija responsabilidades políticas y penales por un suceso que puso en evidencia el deterioro del sistema ferroviario en España.
