La resolución judicial ha generado una reacción inmediata del Gobierno y del PSOE, que consideran la actuación del magistrado un exceso jurídico y una nueva muestra de lo que califican como una persecución contra el entorno del presidente del Gobierno. Sin embargo, lo que ha elevado aún más la tensión institucional ha sido la respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estudiará si procede abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por algunas de las afirmaciones contenidas en su auto.
El origen de la polémica se encuentra en uno de los argumentos utilizados por el magistrado para justificar las medidas cautelares. Peinado sostiene que los escoltas policiales de Begoña Gómez podrían llegar a facilitar una eventual fuga, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores. Estas palabras provocaron una inmediata protesta del Ministerio del Interior y el rechazo de sindicatos policiales, que consideraron improcedente cuestionar la profesionalidad de los agentes encargados de la protección de autoridades.
A partir de ese momento, el foco dejó de situarse exclusivamente sobre la situación procesal de Begoña Gómez para trasladarse también a la actuación del propio juez. El CGPJ convocó una reunión extraordinaria para analizar el asunto y valorar la posible apertura de actuaciones disciplinarias contra el magistrado, una decisión que será debatida nuevamente este lunes tras no alcanzarse un acuerdo inicial.
La cuestión que inevitablemente surge es si estamos ante un funcionamiento normal de los mecanismos de control del Estado de Derecho o ante una presión política sobre un juez cuyas resoluciones afectan directamente al entorno más próximo del presidente del Gobierno.
Resulta evidente que en cualquier democracia consolidada los jueces deben estar sometidos a supervisión cuando sus actuaciones pueden vulnerar normas procesales o comprometer la imagen de la Justicia. Del mismo modo, también es cierto que los órganos de gobierno de los jueces tienen la obligación de actuar cuando consideran que puede haberse producido una actuación irregular.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse la percepción que una parte importante de la opinión pública tiene de los acontecimientos. Para muchos ciudadanos resulta llamativo que apenas unas horas después de que un magistrado adopte una decisión judicial de enorme impacto político contra la esposa del presidente del Gobierno, se active una revisión extraordinaria sobre su actuación. Esa coincidencia temporal alimenta inevitablemente las sospechas de quienes consideran que determinados resortes institucionales se movilizan con especial rapidez cuando las investigaciones afectan al poder político.
La realidad es que el debate ya no gira únicamente sobre la culpabilidad o inocencia de Begoña Gómez, cuestión que deberán determinar los tribunales. Lo que está en juego es algo más profundo: la confianza de los ciudadanos en que la Justicia pueda actuar con independencia, sin interferencias políticas y sin que los jueces teman consecuencias institucionales por investigar a quienes ocupan el poder.
En una democracia madura, la separación de poderes no consiste en que jueces, Gobierno y Parlamento estén de acuerdo, sino precisamente en que puedan discrepar y controlarse mutuamente sin invadir sus respectivos ámbitos. Por ello, cualquier actuación futura deberá extremar la transparencia para evitar que la batalla judicial termine convirtiéndose también en una batalla por la credibilidad de las instituciones.
