La entidad ha presentado una nueva instancia formal en la que cuestiona tanto el proceso de adjudicación como la idoneidad de la solución instalada. Según los vecinos, “el modelo de rampa utilizado no sería adecuado para uso exterior ni para pendientes pronunciadas, lo que podría comprometer su durabilidad y seguridad”.
Además, la asociación alerta de que el proyecto se habría ejecutado sin un estudio geotécnico previo, a pesar de la existencia de una mina de agua subterránea en la zona, y que tampoco cumpliría la normativa de accesibilidad vigente en el momento de su aprobación.
En paralelo, los vecinos denuncian opacidad en la gestión municipal. Aseguran que la documentación facilitada contiene información parcial y con datos relevantes ocultos, y reclaman conocer quién participó en la valoración de las ofertas y cómo se tomó la decisión final de adjudicación.
Ante esta situación, la entidad no solo exige más transparencia, sino también “la depuración de responsabilidades técnicas y políticas”. Asimismo, reclama que se active la garantía del contratista para corregir las deficiencias detectadas antes de que el deterioro de las instalaciones sea irreversible.
Finalmente, la asociación pone el foco en la falta de acceso al Plan de Accesibilidad de Granollers y pide que se haga público y actualizado, advirtiendo que actuaciones como la instalación de rampas deberían estar integradas dentro de una estrategia global de accesibilidad urbana.
El conflicto, que ha estallado en los últimos meses, sitúa el proyecto bajo una creciente presión vecinal y abre interrogantes sobre la planificación y ejecución de esta infraestructura clave para la movilidad en el barrio.
