Denuncia del Programa ACOL
Vox acusa a estos gobiernos de destinar fondos públicos a la contratación de inmigrantes ilegales a través de programas como ACOL, lo que, según ellos, crea un "efecto llamada" perjudicial para la soberanía, seguridad, economía y empleo de Cataluña.
Vox critica el programa ACOL, una línea de subvenciones destinada a la contratación de inmigrantes ilegales. Se menciona que se destinarán casi 20 millones de euros a nivel autonómico y, específicamente en Granollers, 200.000 euros en el presupuesto de 2026 para este fin, algo que no ocurría en 2025.
"Efecto Llamada" y sus Consecuencias
El partido argumenta que estas políticas, impulsadas por el "bipartidismo y el separatismo", actúan como un "efecto llamada" que atenta contra la soberanía de España, la seguridad ciudadana, la economía catalana y el empleo, especialmente en Granollers, donde señalan una alta tasa de desempleo.
Se resalta la grave situación de desempleo en Cataluña, mencionando que uno de cada cuatro jóvenes carece de empleo; más de 350.000 catalanes están en paro y Granollers tiene 3.000 personas desempleadas (un 9% de paro en la ciudad y un 15% en la comarca del Vallès Oriental). Vox critica que, en este contexto, se destinen fondos a la contratación de ilegales en lugar de crear puestos de trabajo para los catalanes.
Voto en contra del presupuesto de Granollers
El diputado Ramírez, que estuvo acompañado por la concejal de Granollers Cristina Tarrés, indicó que “en lugar de "tender la manta o la alfombra" a los inmigrantes ilegales, Vox aboga por la repatriación, la deportación y la remigración de estas personas”. Añadió que la administración contrata a inmigrantes ilegales por 12 meses y luego intenta regularizar su situación a través de la vía del "arraigo", lo que Vox considera un "fraude de ley" que premia a quienes entran al país de forma irregular ("rompiendo la puerta o saltando la valla").
Como medida concreta, Vox anuncia su voto en contra del presupuesto municipal de Granollers para el ejercicio 2026 (que se votaría en sesión plenaria quince minutos después) exigiendo que ese dinero se destine directamente a crear empleo en Cataluña. Opinan que la asignación de 200.000 euros para contratar inmigrantes ilegales en Granollers es un "punto de infracción muy importante" que agrava la situación económica local y el comercio.
