Por qué África necesita liberalismo clásico

Hay una verdad que la filosofía ha sabido formular pero que los hombres corrientes olvidan con pasmosa facilidad: la vida humana es irreversible. No existe segunda oportunidad, no hay tecla de retroceso, no hay enmienda posible una vez que alguien abandona este mundo. Lo que se pierde, se pierde para siempre.

Esta irreversibilidad no es un dato menor. Es, en realidad, el fundamento sobre el que debería construirse toda ética política.

África, siempre en ebullición
photo_camera África, siempre en ebullición

La vida como bien absoluto

Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado escapar de esa condena. La inmortalidad —o al menos su promesa— ha sido el motor secreto de las grandes religiones, los mitos fundacionales y los rituales de culturas tan dispares como la egipcia, la griega o la precolombina. No es una curiosidad antropológica: es la prueba más elocuente de que el ser humano reconoce, en lo más hondo de su conciencia, que la vida vale todo.

Y, sin embargo, resulta desconcertante que ese mismo ser humano que teme a la muerte con tal intensidad no trate la vida propia y ajena con la reverencia que merece. No como un bien fungible, sino como lo que realmente es: algo tan raro y tan frágil como un diamante. Más, en realidad, porque los diamantes pueden comprarse. Una vida, no.

Immanuel Kant lo formuló con su habitual precisión en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres: la humanidad —en la propia persona y en la de cualquier otro— debe ser tratada siempre como un fin en sí misma, nunca meramente como un medio. La vida no tiene precio; tiene dignidad. Y lo que tiene dignidad no admite equivalente, no puede ser sacrificado en el altar de ninguna ideología, ningún experimento social, ninguna utopía de cartón piedra.

El Estado y su razón de ser primaria

Si la vida humana posee ese valor absoluto, se deriva de ello una consecuencia política ineludible: la primera obligación de cualquier orden institucional es protegerla.

Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, advirtió que el Estado es una de las creaciones más formidables de la historia humana, pero también uno de los peligros más grandes cuando degenera o cuando falla en su misión esencial. Para Ortega, la convivencia civilizada no es un estado natural del hombre: es una conquista continua, un esfuerzo sostenido que requiere instituciones fuertes y una clase dirigente a la altura de sus responsabilidades. Cuando esa clase dirigente abdica —cuando el "hombre-masa" toma el poder sin saber ni querer ejercerlo bien— la sociedad se desintegra.

John Locke, el gran arquitecto del liberalismo clásico, fue aún más explícito. En su Segundo tratado sobre el gobierno civil, Locke establece que los seres humanos poseen derechos naturales inalienables: la vida, la libertad y la propiedad. El Estado no otorga estos derechos; los preexiste. La única razón legítima por la que los individuos ceden parte de su libertad natural para constituir un gobierno es precisamente para que ese gobierno los proteja. Un Estado que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos no solo fracasa en su tarea: pierde su razón de existir. Se convierte en una ficción peligrosa.

La seguridad, por tanto, no es un lujo ni una prestación social entre otras. Es la condición de posibilidad de todo lo demás. Sin ella, no hay economía que funcione, no hay familia que prospere, no hay cultura que florezca. Es la base, y cuando la base falla, el edificio entero se derrumba.

El experimento africano y sus lecciones amargas

Pocas regiones del mundo ilustran esta verdad con tanta crudeza como el África subsahariana posterior a la descolonización.

Cuando las potencias europeas se retiraron a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970, dejaron tras de sí Estados cuya arquitectura institucional —con todas sus injusticias y sus contradicciones— al menos funcionaba en términos de orden básico y generación de riqueza. Lo que vino después en muchos de esos países no fue la liberación prometida, sino una tragedia de dimensiones colosales. Y la causa, en la mayoría de los casos, no fue la incompetencia étnica ni ninguna determinación cultural fatalista: fue ideológica.

Los movimientos de independencia africanos, casi sin excepción, se articularon bajo el paraguas del marxismo y el socialismo de planificación central. Era la moda intelectual del momento, bendecida por Moscú, entusiásticamente aplaudida en ciertas universidades europeas y latinoamericanas. El resultado fue una generación de líderes que llegaron al poder con la promesa de crear un hombre nuevo y un Estado nuevo, y que en cambio destruyeron lo que funcionaba sin construir nada duradero en su lugar.

El caso de Rodesia es especialmente elocuente, precisamente porque contrasta con lo que vino después. Era un país con una economía agrícola e industrial pujante, con una infraestructura funcionando y con un nivel de vida que era, para los estándares regionales, remarcable. Hoy, Zimbabue —el Estado sucesor— es el retrato de la ruina: hiperinflación histórica, colapso institucional, éxodo masivo de su propia población. Mozambique, Angola, Zimbabwe, y en proceso visible Sudáfrica: el denominador común no es la raza de sus gobernantes, sino la ideología de sus gobiernos.

Y aquí radica una de las grandes omisiones intelectuales de los centros académicos europeos: no han estudiado con la seriedad que merece qué ocurrió exactamente con sus antiguas colonias tras la independencia. Han preferido el relato de la culpa colonial —relato legítimo en muchos aspectos— al análisis frío y necesario del fracaso institucional post-colonial. Porque ese análisis llevaría a conclusiones incómodas para ciertas ideologías dominantes.

Cabe precisar que la afirmación de que ningún país africano ha adoptado los principios del liberalismo clásico merece un matiz: Botsuana es frecuentemente citada como excepción parcial, con instituciones relativamente sólidas, protección de derechos de propiedad y apertura económica, lo que explica en buena medida su mayor estabilidad. La excepción, curiosamente, confirma la regla.

La responsabilidad política y la migración

El debate europeo sobre la migración africana suele detenerse en los síntomas: las cifras de llegadas, la presión sobre los sistemas de acogida, la tensión social. Raramente llega a la pregunta fundamental: ¿por qué la gente abandona sus países?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es la misma: huyen de la inseguridad, la arbitrariedad del Estado, la falta de oportunidades económicas, la corrupción sistémica. Huyen, en definitiva, de la ausencia de lo que John Locke identificó como la condición mínima de una sociedad justa: la protección de la vida, la libertad y la propiedad.

Kant, de nuevo, nos ofrece un marco útil: si tratamos a cada ser humano como un fin en sí mismo, no podemos conformarnos con gestionar los flujos migratorios como si fueran un fenómeno natural, como la lluvia o el viento. Tenemos la obligación moral de preguntarnos por las causas y de actuar sobre ellas.

Y aquí es donde el liberalismo clásico ofrece no un sueño ideológico, sino una hoja de ruta pragmática. Las ideas de Locke, destiladas luego por Adam Smith, Mill y Hayek, no son patrimonio de Occidente: son principios universales sobre cómo organizar una sociedad para que la gente pueda vivir libre y próspera. Allí donde se han aplicado —parcialmente, imperfectamente, pero de buena fe— los resultados han sido infinitamente mejores que allí donde se ha intentado planificar la felicidad desde arriba.

Si África encontrara el camino hacia el Estado de derecho genuino, la economía de mercado regulada, la protección real de los derechos individuales y la seguridad jurídica de la propiedad, el continente no necesitaría exportar su talento y su energía a Europa. Los africanos podrían construir el sueño en casa. Y ese es el único argumento serio sobre migración que merece ser pronunciado en voz alta.

La salvación que nadie quiere escuchar

No hay respuesta popular en esto. El liberalismo clásico no promete paraísos colectivos ni enemigos convenientes a los que culpar. Exige instituciones sólidas, respeto a la ley, libertad individual y responsabilidad personal. Es una medicina amarga para quienes han hecho de la gestión de la dependencia su negocio político.

Pero la vida humana —esa realidad irrecuperable, ese diamante que no tiene precio— merece algo más que buenos deseos y discursos. Merece la única arquitectura política que históricamente ha sabido protegerla: aquella que pone al individuo primero, limita el poder del Estado y confía en la libertad como motor del progreso.

Como diría Ortega: la civilización no es algo que se hereda. Hay que conquistarla cada día. África tiene todo lo necesario para conquistarla. Solo le falta que alguien se atreva a decirle la verdad sobre qué ideas la llevarán allí.