Durante décadas, la izquierda se ha presentado como la defensora natural de los derechos humanos, de los pueblos oprimidos y de la justicia social. Sin embargo, cuando un régimen que se autodefine como “revolucionario” encarcela opositores, persigue periodistas, manipula elecciones y empuja a millones de personas al exilio, esa misma izquierda empieza a mirar hacia otro lado. O peor aún: justifica lo injustificable.
Venezuela no es un “relato mediático”, ni una exageración neoliberal, ni un simple “problema económico causado por sanciones”. Es un país devastado institucional, social y moralmente por un proyecto político que concentró el poder, destruyó los contrapesos democráticos y convirtió al Estado en un botín. Negarlo exige una dosis de cinismo que ya no puede disimularse con discursos grandilocuentes.
La vara moral es evidente. Cuando las violaciones a los derechos humanos ocurren en gobiernos de derecha, la condena es inmediata, categórica y —con razón— implacable. Pero cuando el autoritarismo se viste de rojo, aparece el lenguaje tibio: “contextos complejos”, “errores del proceso”, “amenazas externas”. Como si la ideología del victimario cambiara la gravedad del abuso.
Esta doble moral no solo traiciona a los venezolanos; traiciona los principios que la izquierda dice defender. Porque no hay justicia social sin democracia. No hay soberanía popular sin elecciones libres. No hay igualdad sin Estado de derecho. Y no hay revolución que justifique la represión sistemática.
El daño va más allá de Venezuela. Al proteger o minimizar a regímenes autoritarios afines, la izquierda global erosiona su propia credibilidad y le entrega a sus adversarios el argumento más potente: que su compromiso con los derechos humanos es condicional, no universal.
Defender al pueblo venezolano no es hacerle el juego a ninguna potencia extranjera. Es, simplemente, ser coherente. Y hoy, la coherencia es precisamente lo que más escasea en una izquierda que prefiere salvar símbolos antes que vidas.
