¿Saben ustedes lo que es el fraude de ley? Déjenme que se lo explique…
Un fraude de ley es una maniobra por la que alguien se ampara en una norma jurídica con una finalidad distinta prevista por esa norma, obteniendo así un resultado ilícito.
En septiembre de 2018, Pedro Sánchez se despachó con un anuncio al cumplir cien días de su primer mandato: una reforma constitucional para eliminar los aforamientos de los políticos, lo que él mismo calificó como algo que pudiera tener sentido hace décadas, pero que hoy -en 2018, ojo- ha perdido roda razón de ser. Se refería así a esa institución por la que quienes gozan de determinada condición personal o cargo político no son juzgados por los jueces y tribunales que se encargan de valorar lo que hacemos o dejamos de hacer el resto de los ciudadanos, sino por un tribunal distinto, superior, y, por ello, especial. De hecho, Sánchez llegó a anunciar que la medida estaría aprobada y en vigor en apenas sesenta días si todos actuamos con altura de miras… Es más que evidente que hoy, transcurrido ese plazo sobradamente desde aquel anuncio, la propuesta duerme en el cajón de los compromisos pendientes.
Lo curioso es que el aforamiento es lo que ahora, pretendidamente, va a servir a un político del mismo partido que Sánchez, y al propio hermano de Sánchez, para ser juzgados por corrupción por un tribunal distinto del que debiera juzgarlos, porque el primero, como ya saben ustedes, ha dimitido como Presidente de la Diputación de Badajoz en cuanto le ha visto las orejas al lobo para agarrarse así a un escaño de diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura, intentando que el tema se juzgue ante el Tribunal Superior de Justicia en lugar de en el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial. Y en una vergonzosa y caciquil operación de quítate tú para ponerme yo ha arramblado con nada menos que una diputada en activo y cuatro candidatos que le precedían en la lista electoral del PSOE de Badajoz. Toda una obscenidad sonrojante que viene a poner de manifiesto que esa lista electoral era un simple paripé de jornaleros protegiendo al señorito de la dehesa para cuando éste lo necesitara.
Pero el fraude de ley, más allá del bochorno de todo esto, estriba en que el aforamiento otorga un privilegio (así lo pensaba Sánchez hace unos años, o no se explicaría de ninguna otra manera el porqué de querer suprimirlo) a quien debe someterse a la acción de la justicia por algo que realiza ostentando un cargo público. La pregunta obvia entonces es: ¿por qué podría aforarse y alcanzar ese privilegio nadie por hechos -los que se investigan y juzgan- sucedidos antes de alcanzar el cargo por el que se puede aforar? Para que nos entendamos: a Miguel Ángel Gallardo, el socialista que va de la mano en este tema con el hermanísimo, se le investiga por unos hechos ocurridos en su etapa como Presidente de la Diputación Provincial, es decir, antes de ser diputado autonómico, por lo que no resulta comprensible que obtenga en esa causa penal en la que se investigan y juzgan esos hechos un privilegio que le correspondería, en su caso, por ser diputado autonómico, es decir, por tener un escaño que acaba de conseguir ahora. Dicho sea de paso, de forma bastante rocambolesca.
El aforamiento es una institución antigua, propia de los tiempos en que a los jueces los nombraba el monarca absoluto, que pretendía, en principio, evitar las vendettas políticas utilizando los tribunales de justicia, pero que tenía mucho de privilegio por proporcionar un juez superior, y por ello más cercano al poder político, precisamente para los políticos. En un Estado democrático y de Derecho, con un poder judicial independiente y único, este privilegio no es hoy concebible. Es más: no debiéramos creer que el aforamiento pueda ser un privilegio realmente, porque a Gallardo y al hermano de Sánchez los juzgará, sí o sí, un tribunal del poder judicial sea el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial de Badajoz o sea el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Pero téngase en cuenta, recuerden, que no somos nosotros los que dudamos de que eso no sea así, sino que fue el Pedro Sánchez de 2018 quien prometió nada menos que una reforma constitucional a los poco más de tres meses de haber llegado a Moncloa para eliminar eso que él dijo que “ya no tenía razón de ser”.
El fraude de ley, sobre todo en política, es otra forma de no ser sincero ni honesto. Es otra manera de incumplir. Es otro modo de engañarnos, uno más, de los que sufrimos a diario por parte de nuestros políticos. Y el aforamiento es, digan lo que digan, una prebenda que debería estar fuera de nuestro sistema jurídico. Porque es evidente. Y porque lo dijo el propio Pedro Sánchez hace mucho tiempo ya. Hace bastante más de sesenta días. Porque para eso iba a reformar la Constitución…
Si el fraude de ley está prohibido, la maniobra de Gallardo no debería consentirse por los tribunales. Como nosotros no deberíamos seguir soportando, cuando toque decidir, estos fraudes de políticos embusteros y olvidadizos.
