Desde su puesta en marcha en 2020, esta ayuda ha protegido a cerca de 1,9 millones de mujeres en todo el país. En la actualidad, el Ingreso Mínimo Vital llega a casi 800.000 hogares en los que viven más de 2,4 millones de personas, entre ellas más de un millón de menores. Estos datos reflejan la importancia de la prestación para sostener a familias con recursos limitados y para garantizar unas condiciones mínimas de estabilidad económica.
El Gobierno destaca que el IMV tiene un impacto especialmente significativo en hogares monoparentales, donde la responsabilidad económica y de cuidados recae mayoritariamente en mujeres. En muchos de estos casos, la prestación permite cubrir necesidades básicas y reducir el riesgo de exclusión social.
Además de su función de apoyo económico, el programa también busca facilitar la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias mediante itinerarios de inserción y programas de acompañamiento. El objetivo es que la ayuda no solo actúe como una red de protección, sino también como un instrumento que facilite la mejora de las condiciones de vida a medio y largo plazo.
En este contexto, el Ejecutivo subraya que el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en una herramienta clave dentro del sistema de protección social español, especialmente para reducir las desigualdades que afectan con mayor intensidad a las mujeres y a las familias con menores a cargo.
