En los últimos años hemos asistido a un desfile de iniciativas con un denominador común: regular, supervisar o intervenir los espacios donde circula la información. Desde la llamada estrategia contra la desinformación hasta la aplicación expansiva de las normas europeas sobre plataformas digitales, el resultado práctico es siempre el mismo: el Gobierno busca mecanismos para vigilar lo que se dice y quién lo dice.
Uno de los conceptos que ha surgido en el debate político para describir este fenómeno es el llamado “HODIO”, una etiqueta crítica utilizada para referirse al conjunto de herramientas con las que el Ejecutivo pretende combatir el odio y la desinformación en internet. Sobre el papel suena impecable: nadie está a favor del odio ni de la mentira. El problema aparece cuando la línea que separa la protección democrática del control político se vuelve peligrosamente difusa.
El Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para frenar campañas de manipulación y proteger a los ciudadanos frente a contenidos dañinos. Pero la pregunta de fondo es inevitable: ¿quién decide qué es desinformación? ¿Quién establece dónde empieza el odio y dónde termina la crítica política?
En democracia, el poder siempre ha tenido la tentación de convertirse en árbitro de la verdad. Pero cuando es el propio Gobierno quien impulsa los mecanismos que pueden determinar qué discursos deben limitarse, el riesgo de abuso se multiplica. No porque necesariamente vaya a producirse de inmediato, sino porque se abre una puerta que ningún poder debería tener demasiado fácil de cruzar.
Además, la obsesión por regular el discurso digital coincide con otro fenómeno: el creciente malestar político y social en España. En lugar de responder a ese malestar con más transparencia o más debate, el Ejecutivo parece apostar por una lógica diferente: gestionar la conversación pública.
Las democracias liberales se construyeron sobre una idea simple pero poderosa: el poder debe tolerar incluso las críticas más duras. Cuando un gobierno empieza a ver el debate público como un problema que debe gestionarse, se produce un cambio de mentalidad preocupante. Ya no se trata de convencer a los ciudadanos, sino de ordenar el espacio en el que esos ciudadanos hablan.
Por supuesto, internet no es un territorio sin reglas. Las amenazas, la violencia o la incitación directa al delito deben perseguirse. Eso ya ocurre con la legislación vigente. Pero una cosa es combatir delitos y otra muy distinta es crear estructuras administrativas y políticas que vigilen el flujo de información.
La historia demuestra que los gobiernos rara vez renuncian voluntariamente a las herramientas de control que adquieren. Hoy se justifican en nombre de la lucha contra el odio o la desinformación; mañana podrían utilizarse para silenciar críticas más incómodas.
Quizá esa sea la pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano, más allá de simpatías políticas: si el poder dispone de instrumentos para decidir qué información es legítima y cuál no lo es, ¿quién vigila al vigilante?
Porque en democracia la libertad de expresión no existe para proteger las opiniones cómodas, sino precisamente las incómodas. Y cuando el poder empieza a mostrarse demasiado interesado en ordenar la conversación pública, conviene recordar una vieja lección política: los gobiernos pasan, pero los precedentes institucionales permanecen.
