El portavoz de VOX, Gonzalo de Oro, ha puesto el foco en varias sentencias judiciales recientes que han declarado nulas determinadas actuaciones municipales, entre ellas proyectos como las “supermanzanas” del Ensanche —concretamente en las calles Consejo de Ciento, Rocafort, Casanova y Bruch— y la reforma de la Vía Layetana. Según VOX, estos proyectos habrían vulnerado el Plan General Metropolitano (PGM) y se habrían ejecutado sin los trámites legales adecuados.
De Oro no se limitó a lamentar errores técnicos, sino que denunció que esas resoluciones judiciales “ponen de manifiesto una forma de gobernar arbitraria, ideologizada y alejada de la legalidad”. El argumento central de VOX es que Barcelona “no puede seguir pagando las consecuencias de la improvisación urbanística de los gobiernos de izquierdas”.
El grupo exige que se depuren tanto las responsabilidades políticas como técnicas, alegando que los damnificados por estas decisiones -vecinos, comerciantes y trabajadores- han sufrido un perjuicio económico y social. Finalmente, han formalizado la petición de comisión de investigación para garantizar transparencia y proteger el interés general frente a lo que califican de “abusos de poder” en materia urbanística.
VOX pide una comisión de investigación por las irregularidades urbanísticas del Ayuntamiento de Barcelona. @gonzalodeoro, denuncia que “ponen de manifiesto una forma de gobernar arbitraria, ideologizada y alejada de la legalidad”.https://t.co/V2mYAzYqpv
— VOX Barcelona Ciudad (@vox_bcnciudad) October 30, 2025
Desde un punto de vista ciudadano, esta comisión intenta responder a estas dos grandes incógnitas:
- Técnica / urbanística: qué tramitaciones se realizaron, qué normativas se incumplieron, cuál fue el impacto concreto de los proyectos anulados.
- Social / territorial: cómo afectaron esos proyectos a los vecinos (movilidad, comercio, convivencia), en qué barrios y con qué consecuencias reales.
Las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Barcelona, obviamente, tienen efectos dominó en movilidad urbana, acceso al centro, tensiones de vivienda y comercio. Si algunos de los proyectos anulados están en zonas de gran densidad urbana, puede haber implicaciones para la accesibilidad al litoral, estacionamientos, zonas peatonales, etc. Además se debe analizar si se ha seguido debidamente la normativa urbanística, los procedimientos de aprobación, los controles públicos, etc.