¿Qué se investigará?
La apertura de las diligencias procede de una denuncia presentada por la Societat Civil Catalana (SCC) en abril de 2025, en base al Informe 2/2025 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre los ejercicios 2021‑2022, que detectó remuneraciones por encima del límite legal, entre otros posibles indicios de malversación o prevaricación.
Concretamente, la juez señala la posibilidad de delitos vinculados al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cual sitúa la investigación en el campo de las actuaciones de gestión pública que podrían perjudicar el interés general.
Los citados deberán declarar en calidad de investigados durante los meses de abril y mayo de 2026. La CCMA, por su parte, insiste en que los señalamientos responden a la etapa anterior a la actual dirección -que asumió en 2022- y que a partir de ese año se habrían corregido las irregularidades detectadas.
Cifras clave encontradas
En el informe “2/2025 – Ens Públic CCMA. Contractació i despeses de personal. Exercicis 2021 i 2022” se indica que los gastos de personal para los años 2021 y 2022 fueron de 4,27 millones de euros y 4,70 millones de euros, respectivamente.
En otro apartado del informe se señala que algunos directivos recibieron “retribución de objetivos” que representaron entre el 88 % y el 120 % de dicha retribución de objetivos, lo cual está claramente por encima del máximo legal del 25 % que establece la normativa vigente.
También se detectó que al menos cuatro directivos corporativos superaron el salario de un consejero de la Generalitat, lo cual contraviene lo que establece la normativa para esos cargos.
Se alude a que en el año 2022 los costes laborales de los 44 trabajadores de la CCMA se incrementaron en un 10 %, y que “las retribuciones del personal de alta dirección y asimilado” se dispararon un 30 %.
Reacciones institucionales y políticas
SCC respalda la apertura de esta causa y la califica de “verdadero patrón sistemático de gestión irregular” de fondos públicos en la CCMA, no sólo un incidente aislado.
La politización del asunto es evidente: en el debate parlamentario que se gestó paralelamente, el diputado de Junts per Catalunya (JxCat) expresó públicamente su solidaridad con la dirección del ente citada y criticó el uso de la denuncia como instrumento político.
Por su parte Vox, a través de su portavoz parlamentaria en temas del ente público CCMA, Mónica Lora, ha manifestado -a través de un tuit- “Investigan a Altos Cargos de TV3 por llevarse SOBRESUELDOS que no les corresponderían. “Cerraremos esta cueva de bandidos”.
‼️ #URGENTE
— VOX Cataluña (@VOX_Cataluna) October 30, 2025
Investigan a Altos Cargos de TV3 por llevarse SOBRESUELDOS que no les corresponderían.
“Cerraremos esta cueva de bandidos”.@MonicaLora_ ⬇️ pic.twitter.com/y5XrIGOITL
Por su parte, el diputado catalán del PP, Hugo Manchón, también vía tuit, manifiesta “Muchos catalanes sin poder llegar a final de mes y en la CCMA llueven los billetes. Que devuelvan lo que se hayan llevado”.
La credibilidad de la CCMA (TV3), en juego
Los hechos que ahora investiga la justicia atacan el corazón de la credibilidad de un ente público que, como la CCMA, depende de fondos autonómicos y que juega un papel clave en la percepción de transparencia de las instituciones en Cataluña.
Que la denuncia provenga de una asociación como la SCC añade un ingrediente de conflicto político‑cultural, más allá del puro ámbito contable. Esto alimenta la tensión entre los diferentes modelos de gestión -y financiación- de los medios públicos, y refuerza el escrutinio de la “caja” autonómica.
Además, la convocatoria a declarar de los investigados pone en evidencia que la justicia -y el control externo- están actuando en un entorno muy sensible mediáticamente, lo que debería derivar en cambios de dirección o de responsabilidad institucional.
