Moratoria para docentes en plazas de difícil cobertura
Uno de los principales puntos del acuerdo afecta al sistema educativo. Según lo pactado, los docentes que accedan a plazas consideradas de “muy difícil cobertura” podrán comenzar a trabajar aunque no acrediten inicialmente el nivel requerido de catalán. En estos casos, los profesores tendrán un plazo posterior —que podría ser de alrededor de dos años— para obtener el certificado correspondiente.
Desde el PP se ha defendido esta medida como una forma de evitar que las aulas queden sin profesor por falta de candidatos que cumplan todos los requisitos lingüísticos. Vox, por su parte, ha apoyado la iniciativa argumentando que el objetivo es priorizar la cobertura de los puestos y la cualificación profesional de los docentes.
Eliminación del requisito en algunos puestos de la administración
El acuerdo también contempla eliminar la exigencia de catalán en varias categorías laborales de la función pública consideradas básicas, siempre que no impliquen atención directa al público. Entre los puestos mencionados se encuentran celadores, personal auxiliar, trabajadores de limpieza o mantenimiento.
Estas modificaciones se introducirán mediante enmiendas al proyecto de ley de proyectos estratégicos que se tramita en el Parlament balear.
Otra de las medidas incluidas en el pacto es la rebaja de la nota necesaria para obtener los certificados de catalán vinculados al sistema educativo, como los niveles B2 o C1. La propuesta plantea reducir la calificación mínima de 8 a 7 puntos y facilitar la obtención del certificado a estudiantes que hayan cursado parte de su formación en el extranjero.
Un debate político recurrente
La política lingüística en Baleares ha sido uno de los principales puntos de fricción entre los partidos políticos en los últimos años. El actual Govern del PP ya había adoptado anteriormente medidas similares en otros sectores, como la sanidad, eliminando la obligación de acreditar catalán para captar más profesionales.
El nuevo acuerdo con Vox se enmarca en una serie de pactos parlamentarios entre ambas formaciones que han permitido sacar adelante diferentes iniciativas legislativas en la comunidad autónoma. Estas decisiones han generado debate político y social, especialmente entre organizaciones educativas y partidos de la oposición, que consideran que podrían afectar al papel del catalán como lengua propia del archipiélago.
