La salida de Gibraltar responde, según explica el Ministerio de Hacienda, al cumplimiento efectivo de los requisitos exigidos por la legislación española para abandonar esta clasificación. Entre ellos destaca el intercambio de información tributaria con España, el desarrollo del acuerdo bilateral de cooperación fiscal firmado entre ambos territorios y la adaptación de su normativa a los estándares internacionales impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Ejecutivo considera acreditado que el Peñón mantiene actualmente un nivel suficiente de transparencia fiscal y que ha dejado de reunir las condiciones que justificaban su permanencia en la lista desde 1991. Además, Gibraltar participa en el denominado marco inclusivo BEPS de la OCDE y ha asumido el acuerdo internacional del denominado Pilar II, que establece un impuesto mínimo global para las grandes empresas multinacionales.
La decisión también se enmarca en el proceso de normalización de las relaciones entre España, el Reino Unido y Gibraltar tras el Brexit. En las últimas semanas ambas partes han acelerado la aplicación del acuerdo que permitirá eliminar la verja fronteriza y facilitar el tránsito de trabajadores y mercancías, uno de los grandes objetivos perseguidos desde hace años por los municipios del Campo de Gibraltar y por las instituciones europeas.
Junto al Peñón, también abandonan la lista Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago, después de que Hacienda haya constatado avances significativos en materia de cooperación tributaria y convergencia con los estándares internacionales de transparencia fiscal.
En sentido contrario, Rusia pasa a formar parte del listado español de jurisdicciones no cooperativas por mantener un régimen fiscal considerado perjudicial, una decisión alineada con la adoptada previamente por la Unión Europea. No obstante, el propio Ministerio reconoce que el impacto económico de esta incorporación será limitado, ya que las relaciones comerciales con Rusia continúan fuertemente condicionadas por las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania.
La actualización supone un cambio relevante en la política fiscal española. Más allá del simbolismo que representa sacar a Gibraltar de una lista en la que permanecía desde hace más de tres décadas, el Gobierno defiende que la clasificación de jurisdicciones no cooperativas debe responder a criterios técnicos y objetivos relacionados con la transparencia, el intercambio de información y la existencia de una tributación efectiva, adaptándose periódicamente a la evolución de los estándares internacionales.
