Los hechos se remontan al 29 de enero, cuando los senadores del Partido Popular Francisco Bernabé, José Ramón Díez de Revenga, Antonia López Moya y Antonio Luengo Zapata, todos ellos senadores por Murcia, presentan en el registro tres preguntas escritas dirigidas al Gobierno de España, por separado, con los números de registro de entrada 67140, 67146 y 67148. Las preguntas tampoco son demasiado complicadas y todas giran entorno a la Sociedad mixta de nueva creación Rodalies de Catalunya, SME, SA. Juzguen ustedes mismos:
- 67140: ¿Cuál es el presupuesto con que cuenta para el pago de la plantilla en el ejercicio de 2026?
- 67146: ¿Cuáles son las acciones que va a acometer con cargo al presupuesto con que cuenta para el ejercicio de 2026?
- 67148: ¿Cuáles son las retribuciones que van a recibir los nueve consejeros del órgano de administración durante el ejercicio 2026?
La respuesta, que ha elaborado con tiempo más que suficiente el Gobierno de España y que tiene fecha de 12 de marzo del 2026 (43 días naturales después) se resume en dos folios con sello de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, entrando en el Senado al día siguiente, 13 de marzo, a las 9:51 horas.
Me imagino que después de tanto dato y tanta fecha querrán conocer lo que explica el Gobierno de España sobre los sueldos de los directivos, el presupuesto en gastos de personal y la hoja de ruta de acciones a realizar. No desesperen. Tendrán que esperar pues, por lo visto, va para largo que digan algo relevante.
Primero, porque nada explican del presupuesto de esa nueva sociedad, de los gastos o costes de personal y de los de sus consejeros, entre otras cosas, porque en su escrito el Gobierno subraya “Actualmente se sigue avanzando, con rigor y seguridad jurídica, en los elementos de traspaso….”. O lo que es lo mismo, “ya si eso cuando lo sepamos y sigamos avanzando y veamos qué es lo que estamos creando, os lo contamos…..”.
En cuanto a las retribuciones de los consejeros lo único que explica claramente el Gobierno es que “Estará formado por nueve miembros, 5 de ellos designados por la Generalitat y 4 por Renfe Viajeros, en representación estatal”. Pero en ningún momento se especifica sus remuneraciones. Eso sí, sobre los trabajadores se hace hincapié en que los empleados de la nueva gestora mantendrán la aplicación del convenio colectivo del Grupo Renfe y “todas las garantías acordadas con la representación sindical”. Faltaría menos.
Por último, cuando nos vamos hacia la parte mollar del presupuesto y sus números, el escrito aprovecha para contar las bondades de la nueva empresa mixta a través de un nuevo Plan Estratégico (que aún no existe) que “definirá la organización interna, las unidades operativas y los procesos de gestión de la nueva operadora”. Reconoce que este nuevo Plan contempla la inversión de más de 6.300 millones de euros hasta el 2030, de los que se han ejecutado hasta la fecha 2.500 millones de euros y se han adjudicado trabajos por importe de 4.152 millones, incluyendo compra y modernización de la flota de trenes. Es decir, las cifras oficiales que eran por todos conocidas. No hay nada nuevo que explicar.
Para finalizar, en ese escrito del Gobierno se subraya especialmente el “éxito” en la inversión de 7,5 millones de euros para la limpieza de grafitis o la renovación de cartelería digital en 80 estaciones (sin especificar cantidades) o en mejora de accesibilidad, sin saber cuántas ni dónde.
En resumen, sobre el presupuesto para el 2026, ni un dato salvo contar lo que ya consta en las partidas de Renfe, y muy por encima. Sobre las acciones con cargo al 2026 a acometer por esta nueva empresa, tampoco han proporcionado datos. Y si esperaban conocer qué van a cobrar los consejeros de esta nueva empresa mixta nombrados por PSOE, PSC, ERC, Comuns, Junts y todos los que apoyan a Pedro Sánchez en el Gobierno, vayan poniéndose a la cola.
