Acompañado por Ferran Brunet, miembro de la Junta Directiva de SCC, y por los abogados Juan Chapapría y Mario de Diego, Álex Ramos ha declarado ante la jueza que Societat Civil Catalana mantiene la denuncia presentada el pasado mes de abril y quiere que los hechos se sigan investigando ante los evidentes indicios de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos. Los hechos afectan al Consejo de Gobierno de la CCMA y a varios cargos directivos y técnicos.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat dictó auto de incoación en el mes de mayo e inició la investigación de los hechos al considerar que “pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
En su auto de incoación, la jueza requirió a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para que aporte el informe 2/2025 en su versión íntegra. También reclamó a la CCMA y a sus entidades vinculadas la aportación de numerosa documentación. La jueza continuará con la investigación solicitando a estos organismos la información que considere necesaria.
Desde SCC se denuncia que los hechos comprobados por la Sindicatura en los ejercicios 2021 y 2022 podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión delictiva con relevante impacto económico y posible trascendencia penal. Por ello, en la denuncia solicitamos diligencias específicas para verificar si conductas similares se han producido también en ejercicios anteriores o posteriores.
La documentación aportada por Societat Civil Catalana ante el juzgado recoge, entre otras posibles infracciones, irregularidades como retribuciones ilegales por encima del límite legal; contrataciones opacas sin la debida publicidad; pagos sin cobertura contractual o legal; falta de auditorías obligatorias y aplicación indebida de las jornadas laborales reducidas.
