Pregunta: A diferencia de otros procesos de naturalización, esta ley destaca por dos elementos que han multiplicado su demanda: no exige al solicitante renunciar a su nacionalidad de origen ni requiere residir en territorio español para formalizar el trámite. Sin embargo, la gran acogida de la medida ha generado una presión sin precedentes sobre las oficinas consulares, especialmente en Buenos Aires, donde el volumen de expedientes acumulados plantea desafíos logísticos de magnitudes históricas.
El volumen de solicitudes bajo esta ley ha generado un intenso debate público, con constantes acusaciones sobre supuestas maniobras políticas para alterar el censo electoral exterior. ¿Cómo se vive esta presión desde el Consulado?
José María Ridao: Lo primero que quiero aclarar es que en el Consulado de Buenos Aires no se gestiona ningún expediente bajo criterios que no sean estrictamente administrativos. La administración es ciega a los intereses partidistas. Solo responde al cumplimiento de la norma. Cuando empezó este proceso nuestra prioridad fue ordenar, cuantificar y explicar los datos para cualquier interesado, ya sean periodistas, analistas o los propios ciudadanos que esperan una respuesta. Existe una disonancia cognitiva grave en parte de la opinión pública: ¿de verdad alguien piensa que se pueden procesar cientos de miles de nacionalidades con un chasquido de dedos? La gestión pública requiere plazos, recursos y, sobre todo, rigor.
Pregunta: Se habla mucho de una prisa inusitada por tramitar estas solicitudes. ¿Es esto cierto o es una percepción errónea?
José María Ridao: Si alguien cree que tenemos prisa, baste decir que si mantuviéramos la actual velocidad de crucero sin intervención alguna, tardaríamos más de un siglo, unos 130 años, en resolver los 645.052 expedientes registrados. Si logramos resolverlos en dos o tres décadas, será un milagro administrativo.
Es fundamental entender la escala. Con la ley anterior, la conocida como Ley de Memoria Histórica o Ley de Zapatero, recibimos unas 60.000 solicitudes y tardamos 13 años en resolverlas. Ahora estamos manejando más de diez veces ese volumen. Para evitar este atasco, hemos solicitado externalizar la carga de datos del formato papel al sistema informático. No es ético ni serio tener a un ciudadano esperando más de una generación para una resolución.
Pregunta: Más allá de la gestión, ¿existe un riesgo real de que estos nuevos ciudadanos alteren el equilibrio electoral en España?
José María Ridao: ¿Dentro de cuánto tiempo? ¿Estamos hablando de las próximas elecciones o de las que ocurrirán dentro de tres décadas? Los números son tercos y desmienten cualquier teoría conspirativa. En el Consulado General en Buenos Aires tenemos registrados cerca de 360.000 españoles, una cifra que crece de forma paulatina y orgánica desde hace años, independientemente de la LMD.
Para ponerlo en perspectiva, en las últimas elecciones generales, de un censo exterior en nuestra demarcación de casi 330.000 personas, la participación fue de aproximadamente 19.000 votantes. Además, hay una gran desinformación sobre el censo. La adscripción a una provincia electoral no es discrecional. Es un acto rígidamente reglado. La elección de municipio y provincia para el censo no es un capricho. Se limita a criterios de arraigo acreditado: el último padrón en España, el origen demostrable de los ascendientes o vínculos laborales. El documento de Declaración explicativa que gestionamos en nuestra oficina es claro al respecto. No hay discrecionalidad posible.
Pregunta: Analicemos los números fríamente. ¿Cuál es el estado actual de la capacidad operativa frente a la montaña de solicitudes?
José María Ridao: Hay que distinguir entre solicitud y concesión. Las 645.052 citas registradas entre octubre de 2022 y octubre de 2025 no son nacionalidades concedidas. Son solo el inicio de un proceso administrativo largo. De hecho, a fecha de junio de 2026, solo hemos recibido físicamente 220.000 de esas solicitudes. Y de esas, una parte considerable presenta problemas. Desde documentación incompleta hasta expedientes con nula validez jurídica que terminarán inevitablemente en desistimiento.
De los 220.000 expedientes que hemos tenido en nuestras manos, solo hemos podido resolver cerca de 30.000. El ritmo de resolución está encadenado al volumen de recursos humanos y técnicos. Si estos no se incrementan de manera drástica, el ritmo no variará. La fase de recepción física de documentación se prolongará, siendo optimistas, hasta 2030 o 2031. Estamos hablando de un esfuerzo sostenido que durará décadas.
Pregunta: ¿Qué le diría entonces a aquellos ciudadanos que siguen esperando?
José María Ridao: Que la paciencia es, lamentablemente, un requisito indispensable en este proceso. El Consulado no es una máquina de expedición inmediata. Es un filtro legal que debe garantizar la seguridad jurídica de cada nacionalidad otorgada. Cada expediente exige revisión, posible subsanación y resolución individual. Es un trabajo artesanal que hemos tenido que industrializar por la fuerza del volumen. Nuestra labor es asegurar que cada derecho se reconozca conforme a la ley, pero con la responsabilidad que exige la administración pública. Estamos ante un proceso histórico, sí, pero también ante un reto burocrático que pone a prueba la capacidad de todo el servicio exterior.
