«Hay dos formas de hacer oposición: una constructiva y otra destructiva. Y la que está haciendo usted es destructiva».
La frase fue pronunciada en un pleno municipal. No es una excepción ni una rareza. Es, más bien, la expresión condensada de una forma de entender la política que se repite en demasiadas instituciones locales.
A primera vista, la idea parece difícil de rechazar. Nadie quiere una oposición destructiva y nadie reivindica el conflicto como fin en sí mismo. El problema aparece cuando se plantea una pregunta realmente incómoda: ¿quién decide qué es constructivo y qué es destructivo? Porque, en la práctica, esa frontera suele ser definida por quien gobierna.
Constructiva es la oposición que acompaña, la que pregunta sin insistir, la que critica sin incomodar demasiado y la que discrepa sin alterar el guion previamente establecido. Cuando una intervención se sale de ese marco —cuando la pregunta es directa, cuando se piden explicaciones detalladas o cuando se señalan contradicciones— deja de ser constructiva para convertirse, automáticamente, en destructiva.
Del control político al cuestionamiento personal
En la política municipal esta lógica se percibe con especial claridad. Si se pregunta por un contrato, una subvención, el retraso de una obra o una decisión administrativa difícil de justificar, la respuesta debería centrarse en los hechos. Sin embargo, con frecuencia ocurre algo distinto: el debate abandona el objeto de la pregunta y se desplaza hacia quien la formula.
Ya no se discute el contrato, la obra o la decisión. Se discute a la persona que ha realizado la pregunta, sus intenciones, su actitud o su supuesta forma de hacer política. El foco deja de estar en qué se pregunta para centrarse en quién se atreve a preguntar.
Cuando la respuesta resulta incómoda, se sustituye por la descalificación del interlocutor. Cuando el argumento es difícil de rebatir, se cuestiona la legitimidad de quien lo expone. Y cuando no interesa responder al fondo, se desplaza el debate hacia la persona.
La desautorización como estrategia
Pero esta práctica ha evolucionado hacia una fórmula más sofisticada. Ya no se trata únicamente de desacreditar; se trata de desautorizar públicamente.
En determinados plenos, ante preguntas incómodas, la respuesta adopta una forma aparentemente inocente: «¿Usted sabe lo que quiere decir…?» o «¿Usted sabe lo que es…?». No son preguntas orientadas a aclarar conceptos. Si ese fuera el objetivo, la respuesta sería explicativa, no interrogativa.
La finalidad es otra: proyectar ante quienes siguen el pleno la idea de que quien pregunta carece de la preparación o el conocimiento necesarios para intervenir con solvencia. El mensaje implícito es claro: no concedan demasiada importancia a la pregunta porque quien la formula no sabe de lo que habla.
La cuestión deja así de ser el contenido de la intervención para convertirse en una evaluación pública de la capacidad del interlocutor. Es una forma de desautorización especialmente eficaz porque no necesita refutar el argumento. Le basta con erosionar la credibilidad de quien lo plantea. Y cuando la pregunta pierde credibilidad, responder deja de ser una necesidad.
Cuando el poder deja de aceptar preguntas
Este mecanismo desplaza el debate democrático desde el terreno de los hechos al terreno de las personas. Ya no se discuten problemas concretos, sino la legitimidad de quien los plantea.
Y eso debería preocuparnos más de lo que parece. La función de la oposición no es resultar cómoda para el gobierno ni actuar como un eco moderado de sus decisiones. Su papel es fiscalizar, preguntar, exigir explicaciones y señalar aquello que considera mejorable. Eso no es ser destructivo. Es ejercer un derecho democrático básico.
Lo verdaderamente destructivo es otra cosa: convertir la pregunta en sospecha, la crítica en ataque y la fiscalización en un problema personal.
Más aún cuando esta dinámica se produce en contextos donde el poder se ha ejercido durante largos periodos sin alternancia real. Con el tiempo, la mayoría deja de verse como una responsabilidad que debe justificarse y empieza a percibirse como una autoridad que no necesita demasiadas explicaciones.
Y es entonces cuando la democracia local se resiente. No porque exista una oposición crítica, sino porque se empieza a considerar que criticar es, en sí mismo, un exceso. Una democracia madura no es aquella donde el gobierno no es cuestionado, sino aquella donde sabe responder sin necesidad de desacreditar a quien pregunta.
Porque cuando el poder deja de responder a las preguntas y empieza a deslegitimar a quienes las formulan, el problema ya no es la oposición.
El problema no es la pregunta...Es la incapacidad de aceptar que alguien la haga.
