El eje de su defensa es claro: desplazar el foco hacia la figura de Koldo García como intermediario omnipresente y hacia una supuesta cadena técnica que diluye cualquier responsabilidad política. La compra de mascarillas —sostiene— respondía a una urgencia del momento y se ejecutó dentro de los márgenes administrativos, con material entregado y sin decisiones personales relevantes. Un relato limpio, ordenado… y excesivamente perfecto para una estructura que, según múltiples testimonios, funcionaba más por canales informales que por procedimientos reglados.
Pero esta imagen de alta funcionaria casi ajena a la toma de decisiones contrasta con otra Pardo de Vera que sí conocimos en sede parlamentaria. Aquella comparecencia en el Congreso, interpelada por el entonces diputado de Ciudadanos y hoy colaborador de Catnoticias, Juan Ignacio López-Bas, dejó una escena reveladora: seguridad sobrada, tono altivo y, sobre todo, una preocupante confusión entre inversión pública y gasto corriente. No era un matiz técnico menor, sino la base de cómo se justifican y ejecutan miles de millones en infraestructuras.
Ahí está la grieta. La Pardo de Vera que hoy se presenta como una pieza técnica sin margen de decisión es la misma que en el Congreso exhibía control, criterio y autoridad sobre la gestión pública. Dos perfiles difíciles de reconciliar. Porque o bien entonces sobreactuaba su dominio, o bien ahora minimiza su papel. Y en ambos casos, el problema no es solo judicial: es de credibilidad institucional.
