Durante semanas se anunció la desclasificación de documentos del 23-F como si estuviéramos ante una revelación histórica capaz de reescribir la Transición. El Gobierno de Pedro Sánchez habló de “deuda con la verdad”. El resultado, sin embargo, deja una sensación incómoda: mucho titular, poca pólvora.
¿Qué ha salido realmente nuevo?
En síntesis —y siendo rigurosos— lo relevante publicado hasta ahora puede resumirse en tres o cuatro puntos:
- Confirmación del conocimiento previo de movimientos involucionistas en determinados sectores militares, algo ya documentado por la historiografía y por el propio sumario del juicio.
- Detalles sobre informes del CESID que apuntaban a rumores de desestabilización, pero sin prueba de una implicación institucional más amplia.
- Matices sobre contactos y conversaciones previas a febrero de 1981 que ya habían sido mencionadas en memorias, libros y trabajos académicos.
- Reafirmación del papel constitucional del Rey Juan Carlos I, sin aparición de pruebas que alteren la conclusión judicial de 1982-83.
Nada que contradiga sustancialmente la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar. Nada que cambie el armazón interpretativo consolidado durante más de cuatro décadas.
Entonces, ¿para esto necesitábamos desclasificar?
La pregunta no es menor. Si el objetivo era arrojar luz definitiva, el foco apenas ha iluminado zonas ya conocidas. Si la intención era transparencia, bienvenida sea. Pero si se sugirió implícitamente que habría una verdad oculta capaz de sacudir los cimientos del sistema, el efecto final ha sido el contrario: expectativa inflada, impacto limitado.
En política, los tiempos importan. Y no son pocos quienes interpretan el gesto como una operación de agenda: ocupar espacio mediático, satisfacer a determinados sectores memorialistas y proyectar imagen de apertura democrática.
La desclasificación no ha desmontado la versión judicial ni ha revelado una conspiración desconocida. Ha aportado contexto, sí. Ha añadido matices, también. Pero no ha cambiado el relato esencial del 23-F.
Y ahí queda la cuestión de fondo: ¿hemos abierto archivos para conocer más… o para aparentar que quedaba mucho por descubrir? ¿Acaso existe una tercera opción?
Mi opinión es que la única persona que sale beneficiada por lo que ha salido hasta el momento en estos papeles es el Rey emérito Juan Carlos I. ¿No será que necesita el gobierno de Pedro Sánchez “blanquear” a Juan Carlos I para justificar su retorno a España restituyendo su imagen y con todos los honores como “salvador de la patria”?
En cualquier caso, Antonio Tejero fallece el mismo día en el que Sánchez pretendía acaparar todos los titulares y le roba el protagonismo al aparato mediático de la Moncloa y del PSOE. Ni hecho adrede…
Pueden seguir en el siguiente enlace la entrevista realizada esta mañana en ESDIARIO TV a Ramón Mora acerca de los papeles del 23-F:
