El Govern ha dado el primer paso formal para sacar adelante unas cuentas que ascienden a casi 50 000 millones de euros, con un fuerte incremento del gasto social, educación, sanidad y políticas de vivienda (con 1.900 millones destinados a este capítulo). Sin embargo, esas cifras récord aún no tienen asegurada la mayoría parlamentaria necesaria para su aprobación definitiva.
Un aval clave: Comuns entra en el bloque presupuestario
La primera decisión en el combate político la ha protagonizado Catalunya en Comú, que ha dado su visto bueno al proyecto de presupuestos tras cerrar un acuerdo con el Ejecutivo de Illa y el apoyo del 99% de sus bases. El pacto incluye avances en medidas sociales, particularmente en ayudas al alquiler y políticas contra la especulación inmobiliaria —una de las banderas tradicionales de la izquierda municipalista— que permiten a Comuns justificar su respaldo.
Ese apoyo permite a Illa presentar el proyecto ante el Parlament con algo más de músculo político, aunque no suficiente para garantizar todavía la mayoría absoluta. El gesto de Comuns —que participaron en la investidura del president y ahora respaldan las cuentas— pretende mandar una señal de estabilidad y responsabilidad social, ante el riesgo de que Cataluña entre en restricciones financieras si no se aprueban los presupuestos antes de abril.
ERC: presión máxima y chantaje sobre el IRPF
Mientras Comuns se comprometen, ERC mantiene su postura de presión constante. Los republicanos han reiterado que no apoyarán las cuentas mientras no haya garantías firmes sobre la gestión y recaudación del 100 % del IRPF en Cataluña, un punto incluido en varios acuerdos entre el PSC y ERC desde la formación del Govern, pero que aún carece de implementaciones concretas y verificables.
Este bloqueo ha sido interpretado por buena parte del arco parlamentario como una forma de chantaje político: ERC condiciona su respaldo a avances significativos en la autonomía fiscal, que ven como un paso hacia una mayor soberanía y, en última instancia, hacia sus objetivos independentistas. La negociación se ha convertido en un punto de fricción permanente, con reuniones constantes entre delegaciones de ambos partidos para rebajar tensiones y reanudar contactos en las últimas horas.
Sin acuerdo final y con un futuro lleno de incertidumbres
En las últimas jornadas, ambos equipos han celebrado tres encuentros oficiales, buscando evitar un choque frontal que debilite tanto al Govern como al propio ERC. Fuentes políticas consultadas afirman que existe voluntad de acercar posturas, aunque hasta ahora no se ha producido ninguna declaración pública de avance concreto.
La negociación de los presupuestos catalanes —planteada por Illa como una urgencia para responder a necesidades sociales y económicas de la ciudadanía— ha acabado transformándose en un espejo del actual equilibrio de fuerzas en Cataluña. Por un lado, el PSC quiere proyectar una imagen de gestión pragmática y estable; por otro, ERC usa el proceso como herramienta para reforzar sus demandas de mayor autonomía fiscal y, en cierto modo, mantener viva la agenda soberanista sin renunciar a sus compromisos parlamentarios.
Si no se alcanza un acuerdo antes de las votaciones previstas a mediados de marzo, la Generalitat podría enfrentarse a una nueva prórroga presupuestaria, un escenario que genera preocupación entre economistas y partidos que ven en el bloqueo una amenaza para los servicios públicos y el tejido social catalán. Todo ello, probablemente, desembocaría en un adelanto electoral, de resultado incierto, donde los grandes protagonistas serían el crecimiento de Aliança Catalana de Silvia Orriols y la disminución a niveles poco relevantes de Junts x Catalunya de Carles Puigdemont.
