El monarca ha mantenido contactos desde el pasado jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, desplazado este sábado a Ceuta; y con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda. Zarzuela ha insistido en que el Estado debe garantizar la seguridad de ambas ciudades y evitar que vuelvan a repetirse unos hechos que han dejado decenas de fallecidos y han vuelto a situar la frontera sur de Europa en el centro del debate político.
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la UE para coordinar una respuesta común y ha cargado contra países como Italia por reforzar sus controles fronterizos con España, calificando esa reacción de "egoísta, polarizadora e ilegal".
Sin embargo, la realidad política en Bruselas parece ir en otra dirección. Un total de 22 dirigentes europeos han pedido precisamente a la Comisión Europea un refuerzo de las fronteras exteriores y una revisión de aquellas políticas que puedan actuar como efecto llamada, citando expresamente las regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares. Entre los firmantes figuran la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, que defienden una estrategia mucho más restrictiva frente a la inmigración irregular.
La propia Ursula von der Leyen acogió favorablemente la propuesta de celebrar una reunión extraordinaria de ministros del Interior, pero al mismo tiempo destacó como una "buena noticia" el retorno a Marruecos de la mayoría de los inmigrantes que habían accedido ilegalmente a Ceuta gracias a la actuación coordinada de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Un mensaje que evidencia que la prioridad de Bruselas pasa por reforzar el control de las fronteras exteriores y evitar nuevas entradas masivas, en un momento en el que el debate migratorio vuelve a dividir a Europa y a situar la política del Gobierno español bajo el foco de sus socios comunitarios.